Deshebrando la propuesta de reforma electoral de AMLO

El pasado 28 de abril, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, acompañado del secretario de gobernación, Adán Augusto López; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez; y del titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte; la propuesta de reforma electoral la cual busca, en palabras del presidente, "Que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes...".

La propuesta de reforma, elaborada entre varios actores de Morena, se centra en principalmente reducir los costos de las elecciones de nuestro país, pues, en palabra de ellos, son de las más costosas en el mundo, así como democratizar por completo a las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones de nuestro país. Sin embargo, al revisar cada uno de los puntos relevantes, podemos encontrar una serie de propuestas que más que mejorar el sistema electoral y de partidos políticos, podríamos tener ciertas regresiones, en algunos casos, de puntos logrados por los antiguos partidos de izquierda desde 1977, año en que se considera que comenzó la evolución de nuestro sistema electoral y el fin del régimen de partido único.

En este sentido, hago una pequeña descripción de cada una de las propuestas principales, brindando una pequeña opinión personal sobre los beneficios o problemas que podrían traer.

I. Financiamiento a los Partidos Políticos

En nuestro país, con la reforma de 1977 y posterior reforzamiento en la reforma de 1987,  además de poder tener financiamiento privado, los partidos políticos fueron dotados con recursos públicos, para distribuir en tres rubros: el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (gastos para conseguir la participación ciudadana; elecciones internas; salarios y pagos de arrendamientos de sus oficinas; etc.); gastos derivados de los procesos electorales (promoción y difusión de las y los candidatos que buscan ocupar alguno de los cargos a elegir); y los destinados a actividades específicas como entidades de interés público (actividades de capacitación; investigación social y política; trabajos editoriales como la publicación de libros; etc.). Sin embargo, la poca transparencia en el uso de sus recursos para actividades que en lugar de ayudar a mejorar la democracia del país, termina perjudicándola. Bajo esta premisa, la reforma propuesta por AMLO propone eliminar el financiamiento a las actividades ordinarias de los partidos políticos, para que estos busquen, a través de aportaciones de sus miembros, que estas se financien sin el uso de recursos públicos. Aunque podría sonar buena, el mayor derroche se lleva a cabo en tiempos de elecciones, donde el uso de mapaches, acarreos y financiamiento de eventos sin declarar todos los gastos es común. Además, los partidos políticos podrían ser tomados por grupos fácticos que, a través de simulaciones de aportaciones individuales (como las que se han visto en varios casos, el más reciente el de Samuel García en Nuevo León), podrían determinar completamente la agenda de estos a beneficio de estos sectores que no representan a la población. Peor aún, estos grupos podrían ser del crimen organizado, quienes verían esta oportunidad de poder controlar las actividades ordinarias de los partidos con su dinero y así destruir el poco Estado de Derecho que hay en nuestro país. 

Opciones que fortalecerían al sistema de partidos y su financiamiento seria una distribución más equitativa de los recursos, reduciendo el presupuesto a estos con algunos cambios a la fórmula actual (para calcularlo se multiplica el número de las personas en el padrón electoral por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización [UMA]. El 30% del resultado se distribuye de manera equitativa entre todos los partidos y el 70% restante se otorga por el número de votos obtenido en las últimas elecciones de diputaciones) reduciendo el porcentaje de la UMA a usar. También mejorar los mecanismos de fiscalización y fortalecer a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, incluso crear estas unidades dentro de los Organismos Públicos Locales Estatales (OPLE) para que el INE no tenga la tarea de fiscalizar todas las elecciones. Por último eliminar el financiamiento que reciben los partidos políticos federales para las elecciones locales cuando estas estén homologadas con las elecciones federales, pues estos reciben doble financiamiento. Otro punto importante es eliminar los apartados presupuestales que se les otorgan a los partidos para el uso de timbres postales y telégrafos, los cuales son prácticamente obsoletos con el uso de las nuevas tecnologías.

II. Acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales 

En este apartado se propone que solo se otorguen 30 minutos de tiempos del Estado al INE en épocas de precampañas y campañas, para que le den el 90% del tiempo a estos, con la posibilidad de solo usarlo en pautas de 1 minuto (actualmente son entre 2 y 3 minutos), y el 10% restante al INE para pautas relacionadas con las actividades del instituto. Para la distribución del tiempo, este no tiene variación con lo que establece la constitución (30% de los 27 minutos se reparte de manera equitativa y el 70% restante se distribuye conforme al número de votos obtenidos en la elección anterior). 

Para tiempos donde no haya elecciones, la propuesta es que se destinen solo 12 minutos, sin embargo, estos serían distribuidos directamente a los partidos, sin otorgarle tiempos al INE, OPLE o tribunales electorales para hacer difusión de sus actividades, lo que crearía un problema de comunicación de estos para campañas de concientización y credencialización del electorado fuera de un contexto partidista.

III. Unificación de las autoridades electorales administrativas y judiciales, extinguiendo los OPLE y los tribunales electorales locales.

Una de las ideas más descabelladas, pues volvería a centralizar la organización y calificación de las elecciones bajo un argumento mal elaborado de que se gasta más en elecciones. Para esta propuesta se compara el presupuesto otorgado al IFE en 1999 (año no electoral) con el de 2018 (año donde se realizaron las primeras elecciones presidenciales con el modelo de casilla única y la homologación de un gran número de elecciones locales con la federal, las cuales debían ser vigiladas ahora por el INE).

En materia administrativa, se crearía el INEC, el cual organizaría todas las elecciones del país, desde la de presidencia de la república hasta la de ayuntamientos, incluyendo aquellas particulares de ciertas regiones del país donde prevalecen los usos y costumbres indígenas. A todas luces, encargar a un órgano central las elecciones de todo el país sería un error gigantesco, pues la propuesta de que las Juntas Locales Ejecutivas absorban las funciones de los OPLE atenta contra el federalismo, además de complicar la tarea de los vocales cuando las elecciones locales sean en la misma fecha de una elección federal, al tener que aplicar dos normatividades (la local y la federal) en la organización de la elección en su estado. 

Aunado a esto, se eliminarían las juntas distritales ejecutivas, al eliminar los 300 distritos federales, para volverlos consejos distritales temporales, los cuales se instalarán durante los procesos electorales. Idea que puede no sonar tan descabellada, si se tuviera en mente fortalecer las juntas locales. El trabajo de las juntas distritales ayuda a dividir estas pequeñas zonas en secciones y así decidir el número de casillas a instalar. Cargarle todo este trabajo a las juntas locales, además de tener que atender los problemas en materia electoral a nivel local, terminará con perjudicar el trabajo de estas.

En el tema de las autoridades judiciales, el pretexto que se utiliza es que la mayoría de los casos impugnados a nivel local terminan en siendo atendido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de sus cinco salas regionales y la sala especializada, por este motivo no es necesario que existan tribunales locales. Sin embargo, un estudio realizado por el Magistrado Vladimir Gómez, del Tribunal Electoral del Estado de Sonora, nos indica que de todos los casos que se impugnan a nivel local, 80% no son llevados al TEPJF. Sumado a esto, del 20% que si es llevado a nivel federal, la sentencia en el 75% de los casos es confirmada en las diversas salas del TEPJF. En pocas palabras, solo el 5% de los casos impugnados llegan a tener una resolución diferente a la que se dio a nivel local, demostrando que los tribunales electorales están lejos de ser un gasto innecesario para el país. 

IV. Conformación del Consejo General del INEC y la Sala Superior del TEPJF.

Además de buscar reducir el número de consejeros del INEC a 7 (actualmente hay 11), el gobierno de AMLO propone que tanto los consejeros del INEC como los magistrados de la Sala Superior del TEPJF sean electos por la ciudadanía, algo inédito y peligroso para nuestro sistema electoral. 

Actualmente el único registro que se tiene de elección de una autoridad encargada de temas electorales es en Bolivia, donde se modificó la Constitución en 2009 para que los jueces del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y los integrantes del Consejo de la Magistratura. Estas elecciones terminaron por reducir la confiabilidad de estas instituciones entre la población gracias a la reproducción de todos los vicios de una elección de cargos populares, tales como la compra de votos, realización de campañas de manera ilegal y el constante sometimiento de los candidatos a los grupos políticos, los cuales terminaron por defender los intereses de estos sobre los de población.

En la propuesta mexicana, se dice que  cada uno los titulares del Poder Ejecutivo (presidencia), Poder Legislativo (La Junta de Coordinación Política [JUCOPO]) y el Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación) presentaría 20 candidatos para ocupar los siete asientos del Consejo General del INEC y 10 candidatos para ocupar los siete asientos de la Sala Superior del TEPJF. La votación se llevaría a cabo el primer domingo de agosto, lo cual implicaría un nuevo gasto al organismo electoral. Además de esto, tendrían que hacer campañas, en las cuales cada uno de las y los candidatos tendrían las mismas prerrogativas que los partidos políticos en tiempos de precampañas y campañas. Lo peligroso de esto es el nivel de control que tendrían los poderes de la nación sobre los candidatos, pues no se específica la forma en que estos harían la elección de las ternas que propondrían. 

Actualmente para la conformación del CG del INE, la ciudadanía que cumpla con ciertos requisitos académicos y laborales pueden solicitar su registro para participar en los procesos de designación de las consejerías. Estos perfiles son evaluados por un consejo de expertos que asesora a la cámara de diputados para elaborar las ternas para cada una de las consejerías vacantes. Una vez aprobadas, estas se llevan a votación al pleno para elegir los titulares de las consejerías, las cuales ocuparan por 9 años. Estas vacantes, en un mundo ideal, estarían libres de negociaciones partidistas y se optarían por los mejores perfiles, sin embargo, en la practica no ha sido el caso, aunque muchos de los consejeros que han ocupado el cargo desde la reforma de 2014 (año en que se introdujo esta forma de selección de consejeros) han desempeñado un buen trabajo, con ciertos puntos discutibles. 

En cuanto a la Sala Superior, los candidatos a ocupar cada una de las siete magistraturas son por propuesta de la SCJN, los cuales deberán ser aprobados por dos terceras partes de los miembros del Senado de la República. 

Aunque existen vicios en la forma de elección actual, las actuales conformaciones de ambos organismos han dado resultados que se pueden considerar buenos, a pesar de las constantes descalificaciones por acciones del pasado que no fueron tomadas por los actores actuales. Someter ahora a las candidaturas a ocupar estos puestos a tener que cabildear con la presidencia; diputados y senadores (principalmente aquellos del partido que tengan la mayoría o del que haya emanado el titular del ejecutivo); y de la SCJN hace que se politice el procesos. Por otro lado, la falta de crear un mecanismo por el cual elegirán a los candidatos aumentaría la posibilidad de que se den imposiciones de personas completamente afines a estos. Para terminar, al ser cargos cuya labor no se trata de seguir las líneas del ejecutivo, en caso de que la terna electa provenga de la propuesta de este, podría traer un desequilibrio muy serio el seguimiento de posibles delitos electorales que pueda cometer este o el partido político del que proviene.

V. Elección mediante sistema de listas por entidad federativa y reducción del número de legisladoras y legisladores. 

Un punto que se ha discutido ampliamente es la existencia de las diputaciones y senadurias plurinominales, las cuales fueron creadas para contrarrestar el poder de los partidos políticos que estuvieran en el poder o con mayoría parlamentaria. La introducción de esta figura ayudó a crear reformas que derivaron en la alternancia política. Sin embargo, esta figura fue pervertida poco a poco, llegando a niveles donde se ponían a personajes de relleno y que no representaban a grupos minoritarios, como los indígenas, personas de la comunidad LGBTTQ+, migrantes, afrodescendientes, personas con discapacidades, entre otras. Bajo esta premisa de que no hay una verdadera representación, los autores de la reforma tramposamente dicen que se eliminarían las curules en las cámaras que son electas por representación proporcional. Sin embargo, la propuesta es que las 300 diputaciones y las 96 senadurias serían electas por listas que son electas por representación proporcional, es decir, todas las curules serían plurinominales. 

Nuestro país, como muchos otros países, se encuentran en una crisis de representación, donde la falta de cercanía de los políticos con la ciudadanía ha estallado en movimientos de protesta para exigir sus derechos, como el movimiento feminista, Black Lives Matter en E.E.U.U. o los movimientos contra el cambio climático. Crear listas de representación solo aumentaría este distanciamiento de los políticos con la sociedad, pues no se definiría claramente cuál sector de la población representa cada uno de los miembros de estas listas. 

Uno de los ejemplos que pone la propuesta es que en México hay una diputación por cada 252 mil habitantes, mientras que en la India o Estados Unidos existe un legislador por cada 5 millones o 3 millones de habitantes respectivamente, lo cual es un gasto innecesario. Sin embargo, en teoría, entre menos población represente cada legislador, más fácil le será atender esta, pues se busca que represente un sector con la misma problemática social, porque no todos tienen las mismas necesidades. Un ejemplo claro es Naucalpan, donde existen muchas diferencias entre la sociedad que predominantemente habita el distrito 22 (Satélite, Echegaray, Lomas Verdes y Bellavista) con la que ocupan gran parte del distrito 24 (El Molinito, Loma Linda y La Cañada). Un legislador para todo este sector tendría una mayor dificultad de entender las necesidades de cada uno y terminaría por apoyar a aquel sector que lo apoyó más de manera económica y política.

VI. Voto electrónico

Sin duda esta propuesta es las que se necesitan legislar de manera urgente. A lo largo de los años, con los avances tecnológicos, los sistemas de votación han ido evolucionando para hacer más baratas las elecciones y reducir los errores humanos al momento de realizar los conteos de votos. Otros países han realizado pruebas o sus elecciones ya se realizan completamente con sistemas electrónicos de votación. Sin embargo, la seguridad informática y la desconfianza en posibles malos manejos de las autoridades han evitado que se desarrolle por completo la votación por estos medios. En México se han tenido diversas experiencias a nivel loca, con elecciones en Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México han utilizado algún tipo de mecanismo de votación electrónica, esto gracias a que sus congresos han modificado sus normativas electorales para permitirlo. A nivel nacional, solo para el voto de los mexicanos en el extranjero esta permitido que se utilicen mecanismos de votación electrónica. En las elecciones de 2020 y 2021 los migrantes pudieron emitir sus votos a través de internet. Sin embargo, para la población dentro del territorio nacional, mientras no se modifique el artículo 35 constitucional y posteriormente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE esta imposibilitado a llevar ejercicios de pruebas o incluso implementar estos mecanismos en elecciones federales.

Cabe mencionar que se debe especificar muy bien que votación electrónica no significa que todo sea por internet, se pueden desarrollar mecanismos de votación, como los que ya fabricaron los OPLE de Jalisco y Coahuila, así como el INE, y que solo tienen configurado un software con la información de los candidatos para que el elector emita su voto y que se hagan conteos al final de la jornada que pueden ser verificados mediante testigos de voto impresos. Estas maquinas no están conectadas a un sistema central, por lo que la información del conteo de votos la tienen que proporcionar los consejos distritales al sistema central cuando lleguen los paquetes electorales a las sedes de estas. Si se considera que existen errores, los testigos, los cuales pueden ser verificados por los votantes antes de depositarlos en una pequeña urna, pueden dar fe de que el mecanismo realizó correctamente el conteo de votos.

Por otro lado, el voto por internet se podría llevar a cabo para aquellas personas que se vean imposibilitadas a emitir su voto en las casillas, como las que están en prisión preventiva, en hospitales, con excepciones medicas (como estar contagiados por COVID, como lo hicieron en países como Corea del Sur) o incluso por estar fuera de su sección, distrito, estado o circunscripción electoral, ya sea por cuestiones laborales o por vacaciones. Para esto, no solo se tendrían que mejorar los sistemas para la emisión de votos, también para verificar los registros en la Lista Nominal de manera electrónica, como lo ha mencionado en varias ocaciones la consejera Carla Humphrey.

Últimas consideraciones

La reforma electoral ha omitido en buscar que los partidos políticos mejoren sus procesos internos de fiscalización y democratización a nivel interno, tema que para mí son vitales. Se sigue culpando en gran parte a los organismos electorales de los causantes de problemas en elecciones o la falta de democracia, cuando los mismos políticos y partidos han hecho poco o nada para mejorar. Lo peor es que al solo tener las cámaras la capacidad de reformar la normatividad electoral (CPEUM y la LGIPE), estos mismos han controlado la discusión de mejorar el sistema de partidos porque han creado una normatividad que les resulta muy cómoda para hacer diversas acciones que busquen beneficiarlos, aún rompiendo las leyes. 

Asimismo, carece también de buscar la representación de aquellos grupos vulnerables, como lo son los migrantes, la comunidad LGBTTQ+, comunidades indígenas, personas con discapacidades y comunidades afrodescendientes, pues no buscan que tengan una representación permanente al hacer obligatorias las cuotas en las listas de representación o, como lo exigen los migrantes, tener una curul donde exclusivamente estos puedan elegir directamente a su representante.

Por último, siempre es necesaria la búsqueda de perfeccionar el sistema electoral, sobre todo en un país donde se tienen grandes desigualdades. Sin embargo, los pretextos de austeridad no deben interferir con el desarrollo de procesos necesarios para que todos los mexicanos puedan ejercer su derecho al voto. Un claro ejemplo fue como la reducción de presupuesto al INE en 2020 y 2021 mermaron la capacidad del instituto para poder instalar todas las casillas que normalmente se ponen para las elecciones, lo cual pudo causar que algunos votantes no pudieran votar de manera correcta o tuvieran que gastar más recursos para poder llegar a estas. Se ha dicho en diferentes votos que no se debe escatimar en gastos para realizar las elecciones, sin embargo, esto tampoco significa que se justifiquen derroches de gastos, tanto de los partidos políticos como de los organismos encargados de organizar y calificar las elecciones. En este sentido, hay que comprender mejor las funciones de cada uno y realmente ver las áreas de oportunidad que existen para mejorar este sistema electoral que es de todos los mexicanos.

Fuentes:

Proyecto de reforma constitucional de 2022. (2022) Recuperada el 16 de agosto de 2022 de https://reformaspoliticas.org/normativa/paises/mexico/

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2021) Recuperada el 16 de agosto de 2022 de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Cartografía electoral (2021). Recuperada el 17 de agosto de 2022 de http://cartografia.ife.org.mx/sige7/?cartografia=mapas

Gómez, Vladimir (13 de julio de 2022) Tomo no. 542. Vox Populi: Ciudadanía y Democracia en el Siglo XXI. Confieso que he leído. https://www.facebook.com/confiesoqueheleido2020/videos/405646051593617

Astudillo, César. (2022) ¿Es de sabios elegir consejeros y magistrados electorales en México por voto popular?. Agenda Estado de Derecho. Recuperado el 17 de agosto de 2022 de https://agendaestadodederecho.com/es-de-sabios-elegir-a-consejeros-y-magistrados-electorales-en-mexico-por-voto-popular/

Astudillo, César (2020) Derecho Electoral Mexicano. Ciudad de México. Editorial Porrúa.

Nohlen, Dieter; Valdés, Leonardo & Zovatto, Daniel. (2019) Derecho Electoral Latinoamericano: Un enfoque comparativo. Ciudad de México. Fondo de Cultura Económica.